El Poder Ejecutivo emitió, mediante el Decreto núm. 714-26, el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado una normativa que busca mejorar la planificación y ejecución de las inversiones tecnológicas de las instituciones públicas, reducir gastos duplicados y fortalecer la seguridad de los datos estatales.

La disposición forma parte del proceso de modernización de la gestión pública y establece mecanismos para que las adquisiciones de plataformas digitales, sistemas informáticos, servicios en la nube y tecnologías emergentes se realicen de manera coordinada, eficiente, segura e interoperable.

Mediante el reglamento el Ministerio de Administración Pública (MAP) queda designado como autoridad responsable de coordinar la identificación, evaluación, priorización y seguimiento técnico de las inversiones digitales estratégicas de la Administración Pública.

El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund afirmó que la medida representa un paso importante para enfrentar la fragmentación del gasto tecnológico y evitar que las instituciones estatales realicen inversiones aisladas que puedan generar duplicidades o dificultades de integración.

La normativa también declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, con el propósito de mejorar la continuidad, calidad y seguridad de los servicios públicos.

Entre sus principales disposiciones figura la obligación de que las entidades del Poder Ejecutivo obtengan una evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar determinados procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas, asimismo se contempla la coordinación de compras conjuntas entre distintas instituciones para aprovechar economías de escala y optimizar el uso de los recursos públicos.

El decreto crea, además, la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, integrada por representantes del MAP, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Otro de los aspectos destacados es el fortalecimiento de la soberanía digital y la protección de los datos bajo responsabilidad del Estado, en ese sentido las soluciones tecnológicas deberán garantizar la interoperabilidad, la portabilidad de la información y la posibilidad de cambiar de proveedor sin quedar sujetos a dependencias comerciales exclusivas.

El reglamento también incorpora criterios para el uso ético y transparente de la inteligencia artificial en las contrataciones públicas, estableciendo principios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia en los sistemas que utilicen algoritmos o procesos automatizados.

La disposición aclara que estas medidas no sustituyen las obligaciones legales relacionadas con las contrataciones públicas, el presupuesto, la transparencia, la protección de datos personales, la ciberseguridad y el acceso a la información pública.

Con esta normativa el Gobierno busca avanzar hacia una infraestructura digital más integrada y fortalecer la capacidad de las instituciones para ofrecer servicios públicos modernos, seguros y accesibles, mediante una gestión más coordinada de los recursos tecnológicos del Estado.