El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional concluyó que el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre incurrió en enriquecimiento ilícito y participó en un esquema de lavado de activos que habría operado mediante una compleja estructura integrada por personas físicas y jurídicas para desviar recursos públicos provenientes de instituciones del Estado.

La decisión forma parte de las motivaciones emitidas por las juezas en el marco del proceso judicial derivado del denominado Caso Coral, considerado uno de los expedientes de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en la República Dominicana.

Patrimonio millonario superaba ampliamente sus ingresos

Durante la lectura de las motivaciones, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas durante el juicio permitieron establecer que el patrimonio acumulado por Cáceres Silvestre resultaba incompatible con los ingresos que legalmente podía justificar.

Las magistradas señalaron que durante el período investigado el exfuncionario realizó adquisiciones de propiedades inmobiliarias, inversiones en certificados financieros y múltiples operaciones bancarias que excedían significativamente su capacidad económica conocida.

Según las conclusiones judiciales, la diferencia entre los ingresos declarados y los bienes acumulados constituyó uno de los principales elementos que sustentaron la determinación de enriquecimiento ilícito.

Tribunal describe una estructura para desviar fondos públicos

La sentencia también establece que el entramado operaba utilizando las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), entidades desde las cuales presuntamente se desviaban recursos públicos.

De acuerdo con las juezas, parte de esos fondos habrían sido canalizados mediante empresas, asociaciones, propiedades inmobiliarias y otros mecanismos financieros que permitían ocultar el origen de los recursos y darles apariencia de legalidad.

La estructura descrita por el tribunal habría funcionado durante varios años, facilitando la movilización y administración de fondos cuya procedencia estaba vinculada a actividades ilícitas relacionadas con la administración pública.

Condena de 20 años de prisión

Tras valorar las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas durante el proceso, el tribunal determinó la responsabilidad penal de varios de los imputados involucrados en el expediente.

Como resultado Adán Cáceres Silvestre fue condenado a 20 años de prisión, junto a otros acusados encontrados culpables de delitos relacionados con corrupción administrativa y lavado de activos.

La decisión representa uno de los fallos más trascendentes dentro de los esfuerzos de persecución de la corrupción desarrollados por las autoridades dominicanas en los últimos años.

Un caso emblemático en la lucha contra la corrupción

El Caso Coral se convirtió en un referente nacional debido a la magnitud de los recursos involucrados y a la relevancia de los funcionarios señalados en el expediente.

Las conclusiones emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado refuerzan la postura de que los mecanismos de control y fiscalización deben fortalecerse para prevenir el uso indebido de recursos públicos y garantizar una mayor transparencia en la administración estatal.

Con la emisión de esta sentencia, el proceso judicial entra en una nueva etapa, marcada por los recursos legales que podrían presentar las partes involucradas ante instancias superiores.