El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, tras ser hallada culpable de participar en el entramado de corrupción desmantelado mediante la denominada Operación Coral.
De acuerdo con la sentencia la imputada tuvo un rol relevante dentro de la estructura criminal, especialmente en el manejo y ocultamiento de bienes vinculados a recursos obtenidos de manera ilícita dentro de organismos de seguridad del Estado.
El tribunal consideró probada su participación en actividades relacionadas con corrupción administrativa y lavado de activos, dentro de una red que operó durante varios años y que se sustentaba en el desvío de fondos públicos.
Multa millonaria y sanciones adicionales
Además de la pena de 15 años de prisión, las juezas impusieron a Guzmán Sánchez una multa equivalente a 400 salarios mínimos, como parte de las sanciones económicas establecidas en la sentencia.
El tribunal valoró que su participación contribuyó al esquema de ocultamiento de bienes adquiridos con recursos ilícitos, utilizados para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del aparato estatal.
El Caso Coral: una de las mayores redes de corrupción del país
La condena forma parte del proceso judicial conocido como Caso Coral, considerado uno de los expedientes más complejos y de mayor impacto en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que, según el tribunal, demostraron la existencia de una estructura organizada dedicada al desvío de fondos públicos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Otras condenas dentro del expediente
El proceso judicial también incluyó condenas de hasta 20 años de prisión contra varios de los principales implicados en la red, entre ellos el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, señalado como uno de los cabecillas del entramado.
Las autoridades judiciales establecieron que la estructura operó desde instituciones de seguridad del Estado, utilizando mecanismos administrativos y financieros para desviar recursos públicos y ocultar su origen.
Un fallo de alto impacto institucional
La sentencia contra Rossy Guzmán se suma a una serie de decisiones judiciales derivadas del Caso Coral, que ha tenido un impacto significativo en la opinión pública y en los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción administrativa.
El caso continúa siendo considerado un referente en materia de persecución penal de delitos contra el patrimonio público, mientras el sistema judicial sigue conociendo recursos y procesos vinculados a los demás implicados.
