La justicia dominicana decidió mantener la prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Santiago Hazim y otros cuatro imputados en el proceso judicial que investiga un presunto fraude millonario cometido contra esa institución estatal.

La decisión fue adoptada durante la revisión de las medidas de coerción impuestas a los involucrados, quienes continuarán privados de libertad mientras avanzan las investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades detectadas en la administración de la aseguradora pública.

El proceso judicial busca esclarecer las circunstancias en las que se habría desarrollado un presunto esquema de corrupción que habría ocasionado pérdidas económicas millonarias al Seguro Nacional de Salud, una de las principales instituciones del sistema de protección social de la República Dominicana.

Santiago Hazim quien estuvo al frente de Senasa, figura entre los principales imputados en el expediente, junto a él otras cuatro personas permanecen bajo prisión preventiva, medida que las autoridades judiciales consideran mantener mientras se profundiza la investigación y se conocen los elementos presentados por el Ministerio Público.

La continuidad de esta medida representa un nuevo capítulo dentro de uno de los procesos judiciales de mayor interés público relacionados con el manejo de los recursos de una institución estatal encargada de garantizar servicios de salud a miles de dominicanos.

El caso ha generado atención y preocupación debido a la magnitud de las presuntas irregularidades económicas y a las posibles consecuencias que estas habrían tenido sobre el funcionamiento de la aseguradora estatal y la administración de los fondos destinados a la atención sanitaria de sus afiliados.

Con el mantenimiento de la prisión preventiva, el proceso continúa su curso en los tribunales, mientras las autoridades procuran establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los señalados y determinar cómo se habría ejecutado el supuesto fraude.

Hasta que exista una sentencia definitiva, los imputados conservan su presunción de inocencia, por lo que las acusaciones deberán ser demostradas durante el desarrollo del proceso judicial.