El Gobierno dominicano contempla la posibilidad de focalizar los subsidios a los combustibles ante el incremento de los precios internacionales del petróleo y el impacto que esta situación está generando sobre las finanzas públicas.

La medida fue abordada durante el foro «Nueva Realidad: el impacto de los combustibles en República Dominicana», donde funcionarios del sector económico analizaron los desafíos que enfrenta el país como consecuencia del encarecimiento de los derivados del petróleo en los mercados internacionales.

Durante su intervención, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, explicó que el aumento de los precios de los combustibles, especialmente del gasoil, está incrementando considerablemente los recursos que el Estado debe destinar semanalmente para mantener los subsidios.

El funcionario señaló que esta situación representa una presión adicional para las finanzas públicas, por lo que las autoridades evalúan la sostenibilidad del esquema actual y las posibles alternativas para continuar enfrentando las variaciones del mercado energético internacional.

Por su parte el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, presentó cifras sobre el comportamiento de los precios de los combustibles desde enero, indicando que el gasoil ha experimentado un incremento de un 130.2 %, mientras que la gasolina ha aumentado un 87 % y el petróleo de referencia WTI registra una subida de un 67.6 %.

Estos aumentos reflejan la magnitud de la presión que enfrenta la economía dominicana debido al encarecimiento de los productos energéticos, cuyos efectos también pueden trasladarse a diferentes sectores productivos, al transporte y a los costos de bienes y servicios.

Ante este panorama el Gobierno estudia alternativas para administrar los recursos destinados a los subsidios, sin descartar que estos puedan dirigirse de manera más específica a determinados sectores o grupos de la población.

La posible focalización de los subsidios forma parte de las discusiones sobre cómo mantener el equilibrio entre el apoyo económico que ofrece el Estado para contener los precios de los combustibles y la necesidad de proteger las finanzas públicas frente a un escenario internacional marcado por la volatilidad energética.

Por el momento las autoridades han planteado la evaluación de diferentes opciones, sin que esto represente necesariamente la aplicación inmediata de cambios en el esquema vigente.