La Fiscalía federal de Massachusetts expresó preocupación por la posibilidad de que Jennifer González, señalada como presunta líder de una red de matrimonios fraudulentos, pudiera escapar a República Dominicana para evitar enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos. Según los documentos presentados ante un tribunal federal, las autoridades consideran que sus recursos económicos y sus vínculos con el territorio dominicano podrían representar un riesgo de fuga.
González, ciudadana estadounidense de 43 años y residente de Fall River, fue acusada junto con otras cinco mujeres de participar en un esquema que presuntamente organizaba matrimonios falsos entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros que buscaban obtener residencia legal o beneficios migratorios en Estados Unidos.
De acuerdo con la acusación, la operación habría funcionado durante más de una década y generado más de seis millones de dólares. Los clientes supuestamente pagaban entre US$38,000 y US$40,000 por cada matrimonio simulado, mientras que la organización habría coordinado entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año.
