La congestión vehicular en el Gran Santo Domingo se ha convertido en uno de los principales desafíos de la movilidad urbana, al provocar largas horas de espera, mayores gastos de transporte y efectos negativos sobre el medioambiente, desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, las principales avenidas se congestionan y dificultan los desplazamientos cotidianos de miles de ciudadanos.
Uno de los factores que inciden en esta problemática es la concentración de actividades económicas, instituciones públicas y servicios en el Distrito Nacional un territorio de apenas 91 kilómetros cuadrados que registra una elevada densidad vehicular en comparación con otras provincias del país.
Esta concentración genera una constante entrada y salida de personas que se trasladan para trabajar, realizar diligencias y gestionar documentos, a ello se suman las dificultades para encontrar estacionamiento y las limitaciones que todavía enfrenta el transporte público para responder a la demanda de los usuarios.
Ante esta realidad resulta necesario evaluar cuántos desplazamientos podrían evitarse mediante la digitalización de trámites y la descentralización de determinados servicios públicos, ampliar las gestiones en línea y acercar las instituciones a otras localidades contribuiría a reducir viajes innecesarios hacia la capital.
La congestión también plantea desafíos ambientales y de seguridad vial, el informe GEO-2024 del Ministerio de Medio Ambiente registra un promedio anual de partículas PM10 de 63,17 microgramos por metro cúbico en una estación del Distrito Nacional durante 2024 aunque este indicador refleja un problema de calidad del aire, por sí solo no permite atribuir esas concentraciones exclusivamente al tránsito vehicular.
Frente a este panorama, la aplicación de la Ley 63-17, el fortalecimiento del transporte colectivo, la modernización de los semáforos, el uso de tecnologías para gestionar el tránsito y la ampliación de los servicios digitales figuran entre las medidas que pueden contribuir a mejorar la movilidad.
El reto consiste en medir cuánto tiempo y dinero pierde la población a causa de los tapones y desarrollar políticas públicas que permitan reducir esos costos, más allá de la cantidad de vehículos, el debate debe centrarse en cómo se distribuyen los empleos y los servicios, y en qué cambios pueden garantizar desplazamientos más rápidos, seguros y eficientes.
