El proyecto de ley que regula los juegos de azar en República Dominicana, aprobado por la Cámara de Diputados, introduce nuevas medidas para proteger a los jugadores y establecer controles sobre las apuestas tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.
La iniciativa crea el Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual las personas podrán solicitar gratuitamente que se les impida acceder a establecimientos, abrir cuentas o recibir premios en operadores de juegos, la inscripción podrá realizarse de forma presencial o electrónica y tendrá una permanencia mínima de seis meses. Los operadores también tendrán prohibido enviar publicidad o bonificaciones a quienes formen parte del registro.
El proyecto prohíbe además que los operadores otorguen préstamos o créditos para continuar apostando y que acepten determinados bienes, valores o acciones como forma de pago, asimismo establece que el 10 % de las multas recaudadas será destinado a programas de prevención, atención y tratamiento de la ludopatía, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
La propuesta contempla también una línea telefónica gratuita de atención permanente con profesionales de salud mental y obliga a incluir advertencias sobre los riesgos de la adicción al juego en publicidad, boletos, establecimientos y plataformas digitales.
En cuanto a las apuestas por internet, los operadores deberán verificar la identidad y mayoría de edad de los usuarios antes de permitir depósitos o apuestas, también tendrán que ofrecer mecanismos para establecer límites de depósito, pérdidas y tiempo de sesión.
Para combatir las plataformas ilegales, el proyecto faculta al regulador a solicitar el bloqueo de dominios y aplicaciones sin licencia, así como la suspensión de transacciones hacia esos operadores, además se plantea publicar una lista actualizada de plataformas autorizadas y sitios bloqueados.
El incumplimiento de las normas de juego responsable podría provocar la cancelación o revocación de licencias, las infracciones más graves contemplan multas, cierres provisionales e incluso penas de prisión de dos a cinco años para quienes desarrollen aplicaciones de juegos no autorizadas.
