La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas representa un cambio importante en la manera en que el Estado dominicano realiza sus compras y contrataciones. Esta legislación fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio de 2025 y sustituyó el marco establecido anteriormente por la Ley 340-06. Su propósito principal es modernizar el sistema de contrataciones públicas, fortalecer la transparencia, mejorar el uso de los recursos del Estado y establecer mecanismos que permitan realizar procesos de compra más eficientes, competitivos y controlados. La ley comenzó a aplicarse en enero de 2026 y posteriormente fue complementada con su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto 52-26.
Uno de los aspectos más importantes de la Ley 47-25 es la transparencia. Las compras públicas implican la utilización de recursos pertenecientes al Estado y, por tanto, a la ciudadanía. Por esta razón, la nueva legislación busca que los procedimientos sean más abiertos y puedan ser supervisados con mayor facilidad. La información relacionada con las contrataciones debe estar disponible mediante los mecanismos establecidos por el sistema público, permitiendo conocer aspectos fundamentales de los procesos, como las convocatorias, las condiciones de participación, las ofertas, las adjudicaciones y otros datos relevantes. De esta manera, se pretende reducir los espacios para actuaciones irregulares y aumentar la confianza de la población en las instituciones públicas.
Otro elemento fundamental es el control de los procesos de contratación. La ley establece nuevas reglas y mecanismos destinados a prevenir irregularidades, conflictos de interés y prácticas que puedan perjudicar la competencia o el uso adecuado de los fondos públicos. El objetivo es que las instituciones no solamente cumplan con los procedimientos establecidos, sino que también puedan demostrar que sus decisiones de contratación responden a las necesidades reales del Estado y al interés general. En este sentido, la legislación fortalece la responsabilidad de los diferentes actores que participan en las compras públicas.
La tecnología también ocupa un lugar importante dentro de este nuevo sistema. La Ley 47-25 impulsa el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, conocido como SECP, como herramienta fundamental para gestionar los procesos. La digitalización permite organizar mejor la información, facilitar el seguimiento de las contrataciones y aumentar la trazabilidad de las operaciones.
En junio de 2026, la Dirección General de Contrataciones Públicas.
