Más de 350,000 ciudadanos haitianos en Estados Unidos perdieron este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que expirara el beneficio migratorio que les permitía permanecer y trabajar legalmente en el país, la medida se produce tras una decisión judicial que dio paso a la revocación del programa impulsada por la Administración del presidente Donald Trump.
El fin de la protección migratoria ocurre después de que un tribunal federal de apelaciones mantuviera vigente el TPS hasta este lunes, en cumplimiento de un fallo emitido por la Corte Suprema el pasado 25 de junio, que autorizó al Gobierno a poner fin al beneficio. Con esta decisión, miles de haitianos quedan expuestos a procesos de detención y deportación por parte de las autoridades migratorias.
Según reportes citados por legisladores estadounidenses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara operativos de deportación que comenzarían en el estado de Ohio, donde residen aproximadamente 14,000 haitianos amparados por el TPS, el congresista republicano Michael Rulli respaldó públicamente estas acciones y afirmó que el objetivo es retirar del estado a los inmigrantes haitianos afectados por la medida.
La mayor preocupación sin embargo se concentra en Florida, donde viven cerca de 158,000 beneficiarios del programa, casi la mitad del total de haitianos protegidos por el TPS en Estados Unidos, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz denunció que el DHS tendría previsto detener a unos 2,000 haitianos por día como parte de un amplio operativo de deportación, advirtiendo que la medida provocaría la separación de familias y afectaría a miles de niños ciudadanos estadounidenses.
Además del impacto humanitario, organizaciones como FWD.us alertan sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse de las deportaciones, se estima que alrededor de 200,000 haitianos trabajan en sectores esenciales como hospitales, hogares de ancianos, restaurantes y hoteles, generando un aporte cercano a 5,900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Solo en el área de Miami, esa contribución asciende a unos 1,500 millones de dólares.
Mientras el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente para poner fin al TPS, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes rechazan esa evaluación y recuerdan que el país continúa enfrentando una grave crisis política, humanitaria y de seguridad, marcada por la violencia de las bandas armadas, miles de homicidios registrados en 2025 y la inestabilidad institucional que persiste desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
