El Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de la nueva Ley Antitabaco, una reforma que busca ampliar significativamente los espacios libres de humo y reforzar las medidas de protección de la salud pública mediante mayores restricciones al consumo de tabaco y dispositivos electrónicos para fumar.
La iniciativa que aún deberá ser debatida y aprobada por el Parlamento español antes de su entrada en vigor, contempla la prohibición de fumar en diversos espacios al aire libre donde hasta ahora estaba permitido, entre ellos figuran las terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas públicas, campus universitarios y otros lugares de uso común, con el objetivo de reducir la exposición de la población al humo del tabaco.
El Gobierno español explicó que la propuesta forma parte de una estrategia para disminuir el consumo de productos relacionados con el tabaco, fomentar hábitos de vida saludables y ofrecer una mayor protección a las personas no fumadoras, especialmente en espacios frecuentados por familias, niños y jóvenes.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que equipara los cigarrillos electrónicos y los vapeadores al tabaco convencional, por lo que estos dispositivos quedarían sujetos a las mismas restricciones de consumo, comercialización y publicidad establecidas para los productos tradicionales de tabaco.
Además el proyecto endurece las medidas dirigidas a impedir el acceso de menores de edad a estos productos, fortaleciendo los controles sobre su venta y promoviendo acciones orientadas a prevenir el inicio del consumo entre la población juvenil.
Las autoridades consideran que la actualización de la legislación responde a la evolución del mercado y a la creciente popularidad de los dispositivos electrónicos de vapeo, cuyos efectos sobre la salud continúan siendo objeto de seguimiento por parte de la comunidad científica.
Una vez el proyecto sea discutido en el Parlamento, los legisladores deberán decidir si aprueban la propuesta en su forma actual o introducen modificaciones antes de su entrada en vigor, de ser ratificada España ampliaría de manera considerable los espacios libres de humo y reforzaría su política de prevención del tabaquismo y protección de la salud pública.