El Gobierno dominicano y la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) acordaron abrir un plazo de 30 días para buscar una solución al conflicto generado por las comisiones cobradas por las empresas administradoras de terminales de pago electrónico en las estaciones de combustibles.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión encabezada por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, junto al presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez y representantes de distintos sectores públicos y comerciales, en el encuentro no participaron las compañías responsables de los verifones utilizados para los pagos con tarjetas.

Anadegas había advertido que evaluaba retirar las terminales de pago electrónico de sus estaciones debido a lo que considera elevados costos por las comisiones aplicadas en las transacciones con tarjetas, el gremio explicó que estos cargos oscilan entre 2.50 % y 1.95 %, lo que representa una carga financiera adicional para los propietarios de estaciones de servicio.

Los representantes del sector señalaron que la situación se ha agravado por el aumento sostenido de los precios de los combustibles durante los últimos meses, lo que ha reducido los márgenes de ganancia y elevado los costos operativos del negocio.

Días antes el presidente de Anadegas, Juan Elías Pérez había asegurado que la organización estaba dispuesta a retirar los verifones de sus estaciones al considerar que las comisiones bancarias afectan significativamente la rentabilidad del sector.

Según explicó el gremio, la banca se queda con una parte importante de la utilidad bruta obtenida por las estaciones y adicionalmente aplica cargos por el uso de tarjetas de crédito y débito, Pérez indicó que por cada galón de combustible vendido, los costos asociados a estas operaciones representan una presión económica difícil de sostener.

Anadegas aclaró que la posible eliminación de los pagos electrónicos no tendría como objetivo afectar a los consumidores, sino llamar la atención sobre una problemática que según el gremio, afecta a las cerca de 780 estaciones afiliadas y a otros distribuidores del país.

Durante los próximos 30 días, las partes buscarán alternativas que permitan mantener el servicio de pagos electrónicos en las estaciones de combustibles y encontrar un equilibrio entre los costos financieros y la operación del sector.