La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) expresó este viernes fuertes críticas al Decreto 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader, al considerar que la iniciativa mantiene la intención del Gobierno de impulsar una transformación del sistema educativo sin una discusión científica profunda ni una consulta verdaderamente participativa con los actores del sector.
El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del gremio, Menegildo De La Rosa, afirmó que el decreto evidencia lo que calificó como una postura de alineación con agendas internacionales y sectores empresariales interesados en modificar la estructura del sistema educativo dominicano, lo que —según sus declaraciones— podría abrir la puerta a una mayor participación del capital privado en la educación pública.
La ADP cuestionó que el proceso de reforma continúe sin una consulta nacional amplia que incluya a docentes, estudiantes, familias, universidades, investigadores y organizaciones sociales, a fin de identificar de manera científica las causas que afectan el rendimiento académico y garantizar un uso eficiente de los recursos del 4 % del PIB destinado a la educación.
El gremio magisterial también rechazó la posible fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, argumentando que no existen fundamentos pedagógicos ni administrativos que justifiquen la integración de ambas instituciones a las que atribuye deficiencias estructurales históricas.
De La Rosa sostuvo que el problema del sistema educativo dominicano no se resuelve con modelos importados ni con programas externos, sino mediante la creación de políticas diseñadas a partir de la realidad social, económica y cultural del país, con participación de expertos nacionales en educación.
La organización reiteró que la verdadera transformación educativa debe enfocarse en el diseño de un currículo contextualizado, adaptado a las particularidades de cada región del país y orientado al desarrollo nacional.
Finalmente la ADP reafirmó su compromiso con la defensa de la educación pública, el carácter democrático del sistema educativo y el derecho de la sociedad a participar en cualquier proceso de reforma que impacte la enseñanza en la República Dominicana.