La Oficina de Servicios de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este conoce este jueves la solicitud de medida de coerción contra la artista urbana Yailin La Más Viral, imputada por presunto porte ilegal de armas de fuego y contra quien el Ministerio Público ha pedido medidas cautelares en el proceso penal que se sigue en su contra.
La audiencia incluida en el rol número 7 del tribunal, está siendo presidida por la jueza Karen Casado Minyety, en un procedimiento en el que se decidirá si la artista enfrenta medidas como presentación periódica y garantía económica.
La cantante cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz fue arrestada el pasado martes en un operativo policial realizado en la calle Aris Azar, sector Los Mina en Santo Domingo Este, donde agentes de la Policía Nacional la detuvieron tras encontrar dos armas de fuego en el interior de su vehículo.
Según los informes oficiales las armas incautadas eran una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, cargador, dos cápsulas y otra pistola marca Zoraki con cargador y cinco cápsulas, el caso fue remitido inmediatamente al Ministerio Público para los fines de ley.
Desde el punto de vista legal la cantante podría enfrentar sanciones contempladas en la Ley 631‑16 sobre Control y Regulación de Armas, que prevé penas de tres a cinco años de prisión y posibles multas por porte ilegal de armas no autorizadas, aunque la pena final dependerá de la valoración de los hechos y las decisiones judiciales durante el proceso de coerción y juicio.
En los próximos días la atención de la opinión pública estará centrada en las decisiones que adopte la jueza Casado Minyety, especialmente sobre si Yailin deberá cumplir medidas restrictivas como presentación periódica ante la justicia o garantías económicas, o si quedará en libertad mientras continúa el proceso de investigación.
Este caso ha generado amplio interés mediático en el país, dada la notoriedad de la artista en la escena musical urbana dominicana y su historial de presencia en redes sociales y plataformas internacionales, lo que añade un componente de atención pública a las decisiones judiciales vinculadas a su situación legal.