Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a siete años de prisión a Jerry Antonio Moreno Ortiz conocido como “El Colombianito” y a Pedro Julio Pérez Hernández alias “Julito” tras comprobarse que clonaron 5,136 tarjetas del programa de asistencia social administrado por la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
La sentencia también establece que los imputados deberán pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Estado dominicano a través de la Adess, como reparación por los daños ocasionados por el fraude electrónico, los acusados cumplirán la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís.
El caso salió a la luz a raíz de un allanamiento realizado el 27 de marzo de 2024 en la residencia de Moreno Ortiz, dentro de una investigación vinculada a la muerte de Ana Gómez, conocida como “la Colombiana” ocurrida en Santiago, durante la intervención, las autoridades descubrieron un centro de clonación de tarjetas operando en la vivienda, junto a una gran cantidad de evidencia tecnológica y documentos falsificados.
Entre los objetos incautados se encontraban cédulas de identidad, una computadora portátil, una impresora de tarjetas, seis teléfonos móviles, un automóvil y una motocicleta, que sirvieron como pruebas para establecer la operación fraudulenta.
El Ministerio Público procesó a los imputados por varios delitos contemplados en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y en el Código Penal dominicano, incluyendo asociación de malhechores, estafa electrónica, robo mediante alta tecnología, obtención de fondos ilícitos, clonación de dispositivos de acceso y falsificación de documentos y firmas.
Según las autoridades la operación de clonación afectó directamente a cientos de beneficiarios del programa social, destinado a apoyar a las personas de menores recursos del país, generando un perjuicio económico y comprometiendo la integridad del sistema de subsidios.
El caso refleja la eficacia de las investigaciones tecnológicas y operativos judiciales en la República Dominicana, demostrando el compromiso de las autoridades en combatir los delitos de alta tecnología y proteger los recursos públicos frente a estafas electrónicas de gran magnitud.