El 1 de enero de 2026 entró en vigor un nuevo impuesto federal del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo desde Estados Unidos, la medida aprobada dentro del paquete fiscal conocido como “One Big Beautiful Bill Act”, se aplica únicamente cuando el dinero se envía mediante efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos, mientras que las transferencias electrónicas o mediante aplicaciones digitales quedan exentas.
El impuesto afecta a emigrantes de todos los estatus migratorios, incluyendo residentes permanentes, titulares de visas y personas sin estatus legal, estimándose que aproximadamente 49 millones de personas podrían estar sujetas al gravamen, aunque el cargo es del 1 %, se suma a las comisiones que ya cobran las empresas de envío de remesas y lo paga el remitente, sin reducir el monto recibido por las familias en el extranjero.
Diversos migrantes han expresado su preferencia por transferencias digitales, ya que son más rápidas, económicas y seguras, sin embargo aún hay quienes utilizan métodos tradicionales de envío en efectivo, sobre todo por costumbre o dificultades para usar herramientas electrónicas, este sector es el más afectado por la medida.
Para mitigar el impacto, algunos países han desarrollado alternativas, por ejemplo, México implementó el programa Finabien, que permite depositar remesas en tarjetas bancarias especiales que reembolsan automáticamente el 1% del impuesto, evitando que el gravamen afecte al receptor.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocho de cada 10 migrantes latinoamericanos envían dinero para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, organismos como el ODI alertan que el impuesto podría disminuir las remesas recibidas, incentivar la migración irregular, incentivar vías informales de envío y afectar negativamente la economía de los países receptores y de Estados Unidos.
El impacto económico se estima significativo: México podría perder unos 1,500 millones de dólares anuales, mientras que otros países como India, Filipinas, China y varias naciones de América Latina, incluyendo República Dominicana, Guatemala y El Salvador, también se verían afectados, para la República Dominicana, se calcula una reducción de unos 400 millones de dólares al año, principalmente entre familias de bajos ingresos que dependen de estas remesas.