Santo Domingo, RD – A pesar de ser un país recurrentemente golpeado por tormentas, huracanes y lluvias intensas, la República Dominicana ha dejado al descubierto una grave omisión: la gran mayoría de sus infraestructuras públicas —puentes, carreteras, túneles, pasos elevados y edificios estatales— permanecen sin pólizas de seguro que resguarden los fondos públicos frente a desastres naturales.
Una infraestructura desprotegida
Según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para 2024 existían en el país 2,264 puentes, sin que exista un registro formal sobre cuántos de estos, ni otros proyectos públicos, cuentan con cobertura de seguros. Desde la Dirección General de Planificación de Inversiones del MOPC se admitió la falta de datos al respecto, evidenciando la ausencia de control y planificación en esta materia.
Un problema estructural sin cultura de aseguramiento
El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), Franklin Glass, denunció que la cultura de aseguramiento en el sector público es prácticamente inexistente.
“La gran mayoría de carreteras, elevados, túneles y edificios públicos carecen de seguro”, explicó el funcionario. Solo algunas obras estratégicas financiadas por organismos internacionales incluyen cobertura como requisito contractual, como ocurre con proyectos en puentes, centrales eléctricas, aeropuertos o instalaciones concesionadas.
Financiamiento internacional: un salvavidas parcial
Organismos como el Banco Mundial han aclarado que, aunque sus pliegos estándar exigen seguros contra incendios y desastres naturales durante la construcción, no se establece ninguna cobertura obligatoria una vez finalizada la obra; esa responsabilidad recae sobre el Estado contratante.
Igualmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que el aseguramiento debe estar contemplado por la institución ejecutora —en este caso, el MOPC—, de acuerdo con los términos del contrato de préstamo, mientras su rol es supervisar el cumplimiento técnico del proyecto.
¿Un lujo que el Estado no puede costear?
Para Franklin Glass, los vacíos se derivan de múltiples factores: la falta de previsión presupuestaria, la percepción de que las primas son un gasto y no una inversión, y la carencia de una política pública que establezca obligatoriedad legal o normativa.
El impacto ya es palpable: en 2022, los fenómenos climáticos afectados llevaron a un costo equivalente al 0.3 % del Producto Interno Bruto (PIB), y en el mismo año representaron el 1.6 % del gasto público, según el Consejo Nacional de la Competitividad.
Un caso emblemático ocurrió en noviembre de 2023, cuando colapsó un muro del paso elevado en la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez, causando la muerte de nueve personas y dejando un costo aproximado de 250 millones de pesos para su reparación.
Proceso y posibilidades de aseguramiento
Contratar seguros para obras públicas está permitido y regulado. Debe hacerse mediante licitación pública conforme a la Ley de Compras y Contrataciones, lo que garantiza transparencia, competencia y mejores condiciones para el Estado.
Las pólizas usualmente cubren el valor total de la obra —incluyendo construcción, equipamiento, limpieza post-siniestro— e, incluso, pueden extenderse a cubrir lucro cesante y costos extraordinarios para restablecer servicios críticos. Las primas se calculan en función del tipo de infraestructura, materiales, ubicación y exposición al riesgo.
Lecciones desde la región
Glass advierte que países como Chile, México, Colombia y Panamá ya han avanzado en crear fondos de riesgo o programas nacionales de seguros para infraestructuras vulnerables, especialmente aquellas expuestas a amenazas climáticas o sísmicas.
Mientras tanto, la República Dominicana sigue rezagada, frente a una realidad que vuelve urgente el diseño de una política pública de aseguramiento para proteger el patrimonio estatal y asegurar la continuidad operativa en caso de desastre.
