La jueza Yanibet Rivas ordenó la apertura a juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán, por su presunta vinculación en las irregularidades detectadas durante la adjudicación de un contrato superior a los RD$1,300 millones destinado a la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La decisión judicial marca una nueva etapa en uno de los procesos de mayor repercusión pública relacionados con la administración de recursos destinados a mejorar la movilidad urbana y la gestión tecnológica del tránsito en la República Dominicana.
Acusaciones seguirán siendo conocidas en juicio
Aunque el tribunal decidió excluir la acusación de terrorismo que había sido presentada inicialmente por el Ministerio Público, los principales imputados deberán enfrentar un juicio por diversos cargos que incluyen presunto desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores y otras infracciones contempladas en el expediente acusatorio.
La resolución implica que los jueces consideraron que existen elementos suficientes para que los hechos sean debatidos y valorados en un juicio de fondo, donde las partes presentarán pruebas, testimonios y argumentos para sustentar sus posiciones.
La exclusión del cargo de terrorismo representa uno de los aspectos más relevantes de la decisión, aunque no altera el curso principal del proceso judicial ni las demás acusaciones formuladas por el órgano persecutor.
Caso involucra a exfuncionarios, empresarios y empresas
La medida no solo alcanza a Hugo Beras y Jochi Gómez. El expediente también involucra a otros exfuncionarios públicos, particulares y varias empresas que presuntamente participaron en las operaciones investigadas.
Todos los imputados incluidos en la decisión deberán responder ante los tribunales durante la fase de juicio, donde se determinará la responsabilidad individual de cada uno conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.
Las autoridades han señalado que las investigaciones abarcan diversos aspectos relacionados con la contratación, ejecución y administración de recursos vinculados al proyecto tecnológico.
El contrato bajo la lupa
La investigación gira en torno a un contrato multimillonario destinado a modernizar el sistema semafórico del Gran Santo Domingo, una iniciativa que buscaba incorporar nuevas tecnologías para optimizar la circulación vehicular, mejorar la sincronización de los semáforos y fortalecer la gestión del tránsito en las principales vías de la capital.
Sin embargo, las autoridades sostienen que durante el proceso se habrían producido irregularidades que motivaron la apertura de una amplia investigación por parte del Ministerio Público.
El caso ha generado un amplio interés ciudadano debido al monto involucrado y a la importancia estratégica del proyecto para mejorar la movilidad en una de las zonas urbanas más congestionadas del país.
Un proceso de alto interés público
Desde que se dieron a conocer las investigaciones, el expediente ha ocupado un lugar destacado en la agenda pública nacional. Diversos sectores han seguido de cerca el desarrollo del caso debido a las implicaciones institucionales, económicas y administrativas que conlleva.
La modernización del sistema de tránsito constituye una de las prioridades para las autoridades responsables de la movilidad urbana, por lo que cualquier cuestionamiento sobre el uso de los recursos destinados a estos proyectos genera un importante debate sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
Próxima etapa: el juicio de fondo
Con la apertura formal a juicio, el proceso entra ahora en una fase decisiva. Será durante el juicio de fondo cuando el Ministerio Público presente las pruebas que sustentan sus acusaciones, mientras que la defensa de los imputados tendrá la oportunidad de refutar los señalamientos y presentar sus propios argumentos.
La decisión final corresponderá al tribunal que conozca el caso, el cual deberá determinar si existe responsabilidad penal de los acusados o si procede su descargo conforme a las evidencias debatidas en audiencia.
Mientras tanto, el expediente continúa siendo uno de los procesos judiciales más observados del país por sus implicaciones en materia de gestión pública, contratación estatal y administración de fondos destinados al desarrollo de infraestructura tecnológica para el tránsito urbano.