La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un mecanismo formal de discusión de los informes preliminares de auditoría interna con las máximas autoridades de las instituciones auditadas, con el objetivo de fortalecer el derecho a la defensa y evitar que se alegue desconocimiento de los hallazgos emitidos por el órgano rector del control interno.
La iniciativa establece que, sin importar el período evaluado ni el tipo de auditoría realizada, los informes preliminares serán presentados y discutidos directamente con los titulares de las entidades y los funcionarios vinculados a los procesos examinados, las instituciones dispondrán de 12 días calendario para presentar réplicas de defensa, evidencias documentales y argumentos técnicos que consideren pertinentes.
El contralor general de la República Geraldo Espinosa explicó que este nuevo enfoque busca consolidar un modelo de control más participativo, preventivo y garantista, elevando la calidad técnica de los informes finales y reduciendo la posibilidad de cuestionamientos posteriores por supuesta falta de notificación o conocimiento.
Primeras instituciones bajo el nuevo esquema
Como parte de la implementación de esta modalidad, la Contraloría sostuvo un encuentro de trabajo con la dirección del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), para analizar el informe preliminar correspondiente a la auditoría interna practicada al período comprendido entre agosto de 2020 y agosto de 2024.
De igual manera, fue discutido el informe preliminar de la auditoría realizada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) bajo el mismo esquema de presentación directa y apertura al proceso de descargo institucional.
Estos encuentros forman parte de una agenda de trabajo que la CGR continuará desarrollando con distintas entidades estatales, con miras a institucionalizar este procedimiento como parte del ciclo ordinario de auditoría.
Más transparencia y seguridad jurídica
Con esta disposición la Contraloría busca reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de los procesos de control, garantizando que las conclusiones de las auditorías estén sustentadas en información contrastada y debidamente debatida en el ámbito técnico.
Además el nuevo mecanismo contribuye a mejorar la gestión pública al permitir que las instituciones identifiquen oportunamente debilidades administrativas, corrijan fallas en los controles internos y adopten medidas preventivas antes de la emisión definitiva de los informes.
La medida representa un paso hacia un sistema de control interno más moderno y dialogante, donde la supervisión estatal se combine con garantías procesales, fortaleciendo la institucionalidad y la confianza en los procesos de fiscalización pública.