La Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional inició este miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra los administradores de la Comercial Barra Payán, acusados de su presunta vinculación en un fraude que asciende a casi 40 millones de pesos.
Los imputados son los hermanos Marcos Antonio Frías García y Juan Ismael Frías García, junto a Dagoberto Cabrera, señalados por el Ministerio Público como responsables de un esquema que habría afectado considerablemente las finanzas de la empresa.
La fiscal Luz del Carmen Marte, coordinadora del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, solicitó al tribunal la imposición de una garantía económica de un millón de pesos en efectivo para cada uno de los acusados, así como impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, como medidas para asegurar su presencia durante el proceso judicial.
Hallazgos de auditoría forense
La acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por el perito Ramón Antonio Perelló Polanco, la cual habría puesto en evidencia un esquema irregular en el manejo de los ingresos de la empresa, de acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, los imputados presuntamente no depositaban en las cuentas bancarias la totalidad del dinero generado por las ventas.
El análisis pericial detectó discrepancias significativas entre los cuadres manuales realizados por las cajeras y los montos efectivamente depositados en las cuentas corporativas, estas irregularidades se habrían producido de manera sistemática durante el período comprendido entre los años 2019 y 2022.
Según las conclusiones de la investigación, el monto total involucrado en las supuestas irregularidades asciende a RD$39,784,661.18.
Calificación jurídica
El Ministerio Público ha tipificado los hechos como abuso de confianza, delito contemplado en el artículo 408 del Código Penal dominicano, esta figura penal se aplica cuando una persona dispone de bienes o valores que le han sido confiados, causando un perjuicio económico a su legítimo propietario.
Durante la audiencia, el tribunal deberá evaluar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía y determinar si acoge o no la solicitud de medidas cautelares mientras avanza el proceso.
El caso ha generado atención debido al monto involucrado y al impacto que el presunto fraude habría tenido en la reconocida empresa comercial, mientras se espera que en las próximas horas el tribunal emita su decisión sobre las medidas de coerción solicitadas.